Por Daniel Urcía – vicepresidente de FIFRA y de la UIA

Los números del primer semestre terminaron de confirmar una tendencia que la industria frigorífica viene advirtiendo desde hace varios meses: la oferta de hacienda continúa reduciéndose.

Durante junio la faena cayó cerca de 5% respecto del mismo mes del año pasado, con un total de 1,08 millones de bovinos procesados, mientras que en el acumulado de enero a junio la baja alcanzó el 9%, con poco más de 6 millones de cabezas. Cuando lo comparamos por día hábil, la caída es similar a la que se dio en los meses de marzo y enero, ratificando la baja en la oferta ganadera.

Es cierto que la producción de carne descendió menos que la cantidad de animales faenados. Gracias a recrías más largas, mayores pesos de faena y ciclos de engorde más extensos, la producción retrocedió alrededor de 6% en el semestre. Esa es una señal positiva desde el punto de vista productivo porque demuestra que la cadena está agregando kilos por animal. Ese es el dato relevante: sin prohibición de peso mínimo de faena estamos superando los 240 kilos por res producida cuando durante la veda nunca se pasó de 225 kilos. Sin embargo, ese mayor peso de la hacienda, no alcanza para compensar la fuerte baja en el volumen de ganado disponible.

Paradójicamente, mientras muchos analistas coinciden en que la ganadería atraviesa uno de los mejores momentos de las últimas décadas, y así lo indica el analista Ignacio Iriarte en una nota que se publica en este newsletter y en su último Informe Ganadero, la industria frigorífica enfrenta una realidad muy distinta.

La menor faena implica una utilización más baja de la capacidad instalada. Los frigoríficos deben sostener prácticamente la misma estructura de costos con menos animales para procesar, lo que inevitablemente incrementa el costo por kilo producido.

A esa realidad se suma otro problema que golpea de lleno la ecuación económica: el derrumbe del valor de los subproductos. Históricamente, el cuero, las menudencias, las grasas y otros derivados aportaban una parte importante de los ingresos de la industria. Hoy ese aporte se redujo considerablemente y dejó de compensar buena parte de los costos del proceso industrial.

Pero el mayor desafío proviene del fuerte incremento de los costos operativos. La energía eléctrica registró aumentos superiores a la evolución del precio de la carne y acumula subas superiores al 60% interanual. Las alícuotas de las ART crecieron alrededor del 70%, mientras que otros servicios, insumos y gastos laborales también muestran incrementos muy por encima de la evolución de los ingresos de la actividad.

Cuando esos mayores costos se combinan con una menor cantidad de animales para faenar, el resultado es una pérdida de competitividad que afecta a toda la industria formal.

En ese contexto también reaparece un fenómeno que cada vez preocupa más: la proliferación de operadores informales. En los momentos de crisis suelen expandirse quienes trabajan al margen de las normas sanitarias, laborales, fiscales y comerciales. Esa competencia desleal perjudica a las empresas que cumplen con todas sus obligaciones y termina afectando también a los productores, a los trabajadores y al propio Estado.

Por eso resulta imprescindible profundizar las acciones de fiscalización y control para garantizar reglas de juego equitativas. Combatir la informalidad no sólo mejora la recaudación y protege el empleo registrado, sino que fortalece la competitividad de toda la cadena cárnica.

Al mismo tiempo, existen decisiones de política económica que pueden transformarse en verdaderos incentivos para aumentar la producción de carne vacuna. Una de ellas es eliminar definitivamente el derecho de exportación del 5% que todavía pagan las exportaciones de carne provenientes de novillos.

Ese tributo castiga precisamente la categoría que la Argentina necesita producir en mayor cantidad. El país debe avanzar hacia sistemas que permitan recrías más largas y mayores pesos de faena. Cada novillo pesado que se produce significa una mayor oferta de carne vacuna que se vuelva al mercado sin la necesidad de aumentar la cantidad de animales, mejora la eficiencia productiva, diluye costos industriales y fortalece la competitividad exportadora.

Eliminar esas retenciones significaría una señal concreta para toda la cadena. Sería un incentivo para producir más novillos, incrementar la oferta de carne, generar mayor valor agregado y aumentar las exportaciones. En definitiva, se recaudaría más por el crecimiento de la actividad que manteniendo un impuesto que hoy desalienta la producción.

La ganadería argentina tiene una oportunidad histórica por delante. Para aprovecharla plenamente hace falta que todos los eslabones de la cadena puedan crecer. Si la producción vive un momento excepcional, la industria también necesita condiciones que le permitan acompañar ese proceso. Corregir las distorsiones que hoy enfrenta el sector no es un beneficio para los frigoríficos: es una inversión en el futuro de toda la cadena de ganados y carnes.

En ese contexto la actividad que desarrolla Ipcva en el mercado doméstico y exportación es esencial. Por dicho motivo FIFRA no adhiere a la propuesta del ministro de desregulación.