Por Daniel Urcía – Vicepte de FIFRA y de UIA

Los mayores costos están afectando directamente la competitividad de la industria frigorífica y, en un contexto de menor oferta de hacienda, sostener la actividad exige trabajar sobre cada uno de los componentes que encarecen la producción.

Un ejemplo reciente es el impacto de los cargos fijos en las facturas de energía. El mayor costo de generación llevó a duplicar y hasta triplicar el monto de las facturas mensuales, causando problemas complejos desde el punto de vista financiero y afectando la liquidez normal de las empresas. Desde el sector realizamos planteos ante la Secretaría de Energía y CAMMESA, aunque hasta el momento no obtuvimos respuestas.

En la región centro, una decisión de los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba permitió financiar los cargos correspondientes a junio, julio y agosto en 8, 7 y 6 cuotas, respectivamente, a una tasa del 15% anual. Es una medida que representa un alivio para las empresas y demuestra que existen herramientas para atenuar el impacto de aumentos extraordinarios de costos.

Traigo este ejemplo porque desde FIFRA insistimos en que hay que seguir trabajando sobre todos aquellos costos que afectan la competitividad. Entre ellos están las tasas y cargos vinculados con la comercialización de alimentos. Muchas veces hemos señalado que cuando se lleva carne a un municipio se cobra una tasa de introducción sin una contraprestación efectiva de servicio.

En ese sentido, recientemente conocimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, después de 18 años de litigio, que vuelve a poner sobre la mesa un principio básico: las tasas municipales deben tener una contraprestación y, cuando no la tienen, son inconstitucionales.

En el caso de las carnes y los alimentos, la situación resulta todavía más evidente. La mercadería ya circula con la certificación de un organismo nacional como SENASA. Los municipios pueden ejercer los controles que correspondan sobre los comercios dentro de sus ejidos, pero no tiene sentido que se dupliquen controles sobre los introductores de alimentos y se agreguen costos sin un servicio concreto.

Estos son ejemplos de costos innecesarios que debemos corregir si queremos que la industria argentina pueda crecer y competir. No alcanza con discutir el precio de la hacienda o de la carne: también tenemos que mirar todo lo que sucede alrededor del proceso industrial.

En materia productiva, seguimos atravesando un año contractivo para la carne vacuna. Lo venimos señalando desde fines del año pasado y los datos de cada mes ratifican esa tendencia. Algunos indicadores mejoran, como el promedio del peso de faena, pero en cantidad de cabezas vamos a terminar el año aproximadamente un 10% por debajo de la producción del año anterior. Estamos, además, muy lejos de los niveles de faena de los últimos años en los que se superaron los 14 millones de cabezas.

La consecuencia es directa: hay menos carne disponible para el mercado. Y esa menor oferta es la principal explicación del descenso del consumo de carne vacuna. No hay que buscar demasiados títulos ni explicaciones alternativas cuando la producción cae y, en consecuencia, también lo hace la disponibilidad.

Al mismo tiempo, la producción y la faena porcina continúan creciendo, con precios muy competitivos. Incluso con el reciente aumento de la soja y el maíz, algunos productores ya advierten que empieza a ser más difícil sostener la ecuación entre ingresos y costos en las granjas.

En el mostrador, mientras tanto, las carnes llevan cinco meses consecutivos sin generar impacto en la construcción del índice de precios. Los últimos dos meses incluso mostraron un leve retroceso en los precios promedio de las carnes, de acuerdo con los relevamientos de precios de la Ciudad de Buenos Aires y su posterior validación en el IPC del INDEC.
Creo que esta situación puede repetirse durante septiembre y habrá que esperar para saber si hacia fin de año aparece algún movimiento en los precios de la hacienda. Los valores actuales son los mejores de la serie histórica, pero después de haber retrocedido desde el máximo alcanzado en marzo, llevan varios meses prácticamente amesetados. En ese mismo período, la inflación acumulada rondó el 10%, por lo que el precio real de la hacienda se fue deteriorando.

Por nuestros análisis, y el trabajo que realizamos junto con nuestros consultores, creemos que hacia fin de año puede aparecer un movimiento de precios. Lo entendemos como una recuperación y no necesariamente como un aumento, porque no esperamos que la hacienda vuelva al techo de marzo.

El desafío para lo que resta del año seguirá siendo mejorar la competitividad.

También tenemos que resolver la ecuación de los recuperos: hoy sus valores no alcanzan para cubrir el costo de la faena. Ese quebranto está estimado por algunos analistas en $200 por kilo lo que representa un 0,02% del valor del kilo de la media res ($ 10.595 en agosto, fuente IPCVA), insignificante en la relación mostrada pero millonario en la producción mensual. Este costo necesariamente debe trasladarse al precio de la carne cuando la industria abastece al mercado, o debe ser asumido por el matarife que contrata el servicio de faena, de lo contrario se disimulará con evasiones en todas sus formas comercial, fiscal y laboral, lo que no le sirve al sistema cárnico ni al Estado.

La suba de costos y tasas antes mencionado, la caída en términos reales del precio de la carne, y los bajos valores del recupero hacen que la industria trabaja a pérdida.

Si no se mejora la competitividad y rentabilidad del sector los problemas se agravarán. Por eso necesitamos controles efectivos, reglas claras y evitar la competencia desleal entre frigoríficos. No se trata solamente de defender una actividad económica: se trata de cuidar la salud de los consumidores, preservar el empleo y construir una industria frigorífica competitiva y sostenible.